Venezuela

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo — 296,5 mil millones de barriles, 32 mil millones más que Arabia Saudita. Esta herencia geológica ha funcionado como una maldición estructural. Sostuvo un cártel bipartidista de cuatro décadas que colapsó cuando los precios del petróleo cayeron y el Estado masacró a sus ciudadanos más pobres para imponer la austeridad del FMI (el Caracazo de 1989, 275–3.000 muertos). Financió la Revolución Bolivariana, que redujo la pobreza del 54% al 26% y luego colapsó cuando los precios cayeron de nuevo — el PIB se contrajo más del 75%, la hiperinflación alcanzó el 49,9 millones por ciento, la pobreza superó el 96%, y 7,9 millones de personas huyeron del país. Los militares controlan ahora la distribución de alimentos, la minería y partes del sector petrolero. La producción de petróleo cayó de 3,5 millones de barriles diarios a menos de 530.000 — una caída del 83% sin guerra ni agotamiento de recursos. Y entre los escombros, 45.000 consejos comunales practican la gobernanza vecinal, las mujeres lideran el 70% de las estructuras políticas de base, y 2,9 millones de venezolanos han adoptado las criptomonedas como economía paralela porque su moneda dejó de funcionar.

Estructuras de poder

El Pacto de Punto Fijo (1958) estableció un acuerdo de reparto de poder entre Acción Democrática y COPEI que proporcionó cuatro décadas de estabilidad democrática pero se calcificó en un cártel bipartidista — lo que los críticos llamaban una “partidocracia” donde la democracia formal ocultaba la rotación de élites. Para la década de 1980, los ingresos petroleros estaban en declive, la corrupción era endémica y los pobres urbanos estaban estructuralmente excluidos de la participación política.^[1]

El 27 de febrero de 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez implementó un paquete de ajuste estructural exigido por el FMI. Estallaron disturbios masivos. El gobierno desplegó al ejército bajo estado de emergencia. La cifra oficial fue de 275–300 muertos; las estimaciones independientes alcanzan los 3.000 — la mayoría residentes pobres de los barrios, abatidos a tiros por las fuerzas de seguridad durante operaciones casa por casa. El Caracazo destruyó la legitimidad del sistema puntofijista y radicalizó a una generación de oficiales militares, incluyendo a Hugo Chávez.^[2]

El fallido golpe de Estado de Chávez en 1992 lo transformó en héroe popular; su rendición televisada — asumiendo la responsabilidad personal y diciendo que sus objetivos no se habían logrado “por ahora” — resonó entre los pobres desilusionados. Ganó las elecciones presidenciales de 1998 con el 56% de los votos. Una nueva Constitución (1999) extendió los períodos presidenciales, permitió la reelección, renombró al país y consagró derechos sociales y económicos. Usando los crecientes ingresos petroleros ($10/barril en 1998 a más de $100 en 2008), Chávez lanzó las Misiones Bolivarianas: programas sociales paralelos que redujeron la pobreza del 54% al 26%, disminuyeron la pobreza extrema en un 72%, bajaron el coeficiente de Gini de 49,5 a 43,4, y lograron multiplicar por doce el número de médicos de atención primaria a través de Barrio Adentro.^[3]

Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Nicolás Maduro ganó unas elecciones disputadas por 1,5 puntos porcentuales. Sin el carisma de Chávez ni los altos precios del petróleo, Maduro presidió el colapso económico y un autoritarismo creciente: la supermayoría opositora de 2015 en la Asamblea Nacional fue sistemáticamente neutralizada a través del Tribunal Supremo; una Asamblea Constituyente fue convocada en 2017 en condiciones antidemocráticas; los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 fueron ampliamente considerados fraudulentos por observadores independientes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) controla un estimado de 14 empresas militares en 20 sectores económicos, con oficiales al frente de al menos 60 de 576 empresas estatales — creando un estamento con interés material en la supervivencia del régimen.^[4]

Captura institucional

PDVSA (Petróleos de Venezuela), en su momento la empresa petrolera mejor gestionada profesionalmente de América Latina, ha sufrido uno de los colapsos institucionales más dramáticos de la historia económica moderna. Tras el paro petrolero liderado por la oposición en 2002–2003, Chávez despidió a aproximadamente 18.000 empleados — casi la mitad de la fuerza laboral, incluyendo la mayoría del personal técnico senior — y los reemplazó con leales políticos. La producción cayó de 3,5 millones de barriles diarios a finales de los años 90 a 527.000 en septiembre de 2021: una caída del 83% sin precedentes en ningún país productor de petróleo que no haya sufrido guerra o agotamiento de recursos. Las causas son la mala gestión política, la corrupción sistemática, la desviación de ingresos sin reinversión, la fuga de talento y las sanciones estadounidenses a partir de 2019.^[5]

El petróleo representaba el 96% de los ingresos por exportaciones en 2013. Esta dependencia radical significó que cuando los precios del petróleo colapsaron de $100/barril (mediados de 2014) a menos de $30 (principios de 2016), la economía no tenía una base productiva alternativa. La manufactura, la agricultura y los servicios habían sido todos desplazados por décadas de enfermedad holandesa. El fracaso de Chávez en diversificar la economía a pesar de su compromiso retórico y cientos de miles de millones de dólares es el fallo estructural más trascendental de la revolución.^[6]

El Tribunal Supremo de Justicia funciona como instrumento del poder ejecutivo. El cierre de RCTV (2007) inició el desmantelamiento sistemático de los medios independientes. El programa de distribución de alimentos CLAP (9.000 comités de leales al gobierno) opera como control político: los simpatizantes reciben cajas de alimentos mientras a los opositores se les niega el acceso. Los investigadores independientes de InSight Crime describen las estructuras de narcotráfico dentro del Estado venezolano, a menudo llamadas “Cartel de los Soles”, no como un cartel sino como una serie de redes, a menudo rivales, que operan bajo la protección de altos cargos del gobierno. En su Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2011, el Departamento de Estado estimaba que unas 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela.^[7]

Desigualdad y extracción

Las misiones bolivarianas produjeron avances reales y medibles: la pobreza cayó del 54% al 26% (2003–2008), la pobreza extrema disminuyó un 72%, el coeficiente de Gini bajó de 49,5 a 43,4, y las campañas de alfabetización alcanzaron a más de un millón de adultos. Estos avances se construyeron sobre precios de materias primas, no sobre capacidad institucional duradera.^[8]

La reversión ha sido catastrófica. El PIB se contrajo más del 75% entre 2013 y 2021 — un colapso en tiempos de paz sin precedentes modernos. La hiperinflación alcanzó el 49,9 millones por ciento entre diciembre de 2017 y mayo de 2020. La pobreza, que se había reducido a alrededor del 25%, explotó: para 2019, el 96,2% de los venezolanos vivía en pobreza según la medición por ingresos, el 78% en pobreza extrema. En 2019, el 89% reportaba no tener suficiente dinero para comprar alimentos. El salario mínimo se volvió funcionalmente insignificante.^[9]

El Arco Minero del Orinoco (2016) abrió 111.843 kilómetros cuadrados — un área mayor que Guatemala — a la minería de oro, diamantes y coltán con regulación ambiental mínima. Más de 2.590 km² de deforestación, contaminación por mercurio en ríos a lo largo de cientos de millas, e impacto sobre al menos 11 comunidades indígenas incluyendo los pueblos Pemón, Yekuana y Yanomami. Grupos criminales armados y elementos militares controlan muchas operaciones. Más de 7,9 millones de venezolanos han huido del país — aproximadamente una cuarta parte de la población precrisis, la mayor crisis de refugiados en la historia del hemisferio occidental. La mitad no puede costear tres comidas al día.^[10]

Tradiciones cooperativas y de resistencia

La Ley de Consejos Comunales de 2006 creó órganos de gobernanza vecinales electos que representan de 150 a 400 familias en zonas urbanas, 20 en áreas rurales y 10 en comunidades indígenas. Para mediados de la década de 2020, existían un estimado de 45.000 consejos comunales. Su relación con el Estado central es disputada: algunos funcionan como espacios genuinos de democracia de base; otros han sido capturados por leales al partido gobernante y operan como mecanismos de control político. Más de 3.000 comunas — experimentos de gobernanza a mayor escala formados cuando múltiples consejos se unen — representan el intento más ambicioso del proyecto por una gobernanza alternativa.^[11]

Las mujeres lideran aproximadamente el 70% de las estructuras políticas de base en Venezuela, transformando las habilidades de supervivencia forjadas en los barrios en participación política formal. Este amplio movimiento de mujeres, arraigado en el trabajo comunitario práctico más que en la ideología abstracta, representa uno de los aspectos más significativos y menos reconocidos internacionalmente del desarrollo político venezolano. Sus raíces son anteriores a Chávez: las mujeres en los barrios de Caracas organizaron tomas de tierras, comités de personas sin hogar y protección comunitaria mucho antes de la Revolución Bolivariana.^[12]

Los colectivos ocupan una posición profundamente ambigua: concebidos originalmente como grupos de defensa vecinal, también fueron armados por el Estado. Un informe de la OEA documentó que los colectivos asesinaron al menos a 131 personas durante las protestas opositoras de 2014–2017. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó que las autoridades y los colectivos cometieron “violaciones que equivalen a crímenes de lesa humanidad.” Tres grandes oleadas de protestas opositoras (2014, 2017, 2019) desafiaron al gobierno pero finalmente no lograron desalojarlo — en parte porque los militares permanecieron leales, en parte porque la oposición carecía de una estrategia más allá de la movilización callejera y el reconocimiento externo.

Lenguaje político

Caracazo

La masacre de 1989 — el momento en que la fachada democrática colapsó y el Estado reveló su disposición a matar a sus ciudadanos más pobres para imponer la austeridad del FMI. El evento que hizo posible a Chávez.

Por ahora

Las dos palabras de Chávez durante su rendición de 1992 que transformaron un golpe fallido en un movimiento político. La promesa de retorno incrustada en la concesión de la derrota.

Misiones

Programas sociales paralelos que operaban fuera de las burocracias ministeriales, financiados con ingresos petroleros. Produjeron avances reales para millones de personas y colapsaron cuando los ingresos lo hicieron.

CLAP

Comités Locales de Abastecimiento y Producción — distribución de alimentos a través de 9.000 comités de leales al gobierno. No una red de seguridad sino un mecanismo de control político: la lealtad determina el acceso a los alimentos.

Consejo comunal

Órganos de gobernanza vecinal diseñados para la democracia participativa. En la práctica, existen en un espectro que va desde la genuina autogobernanza de base hasta instrumentos de control estatal.

Rentismo

La condición estructural en la que los ingresos del Estado provienen de la extracción de recursos en lugar de la tributación de la actividad productiva, reduciendo la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Venezuela es el caso de manual.

Características estructurales únicas

Las reservas de petróleo de Venezuela — 296,5 mil millones de barriles, las mayores del mundo — crearon tres patologías entrelazadas: la enfermedad holandesa (los ingresos petroleros sobrevaluaron la moneda, destruyendo la manufactura y la agricultura); el Estado rentista (el gobierno distribuye riqueza en lugar de gravar la actividad productiva, reduciendo la rendición de cuentas); y el efecto “botín” (el control del Estado se vuelve existencialmente crucial porque significa el control de todos los ingresos petroleros). Esta última dinámica explica tanto por qué la oposición intentó un golpe en 2002 como por qué Maduro se aferra al poder a pesar de haber perdido la legitimidad democrática.^[13]

El nacionalismo de recursos de Chávez representó uno de los intentos más ambiciosos de usar el control soberano del petróleo para la transformación social. A través de ALBA y PetroCaribe, Venezuela proporcionó un estimado de $33 mil millones en ayuda a naciones aliadas, construyendo influencia regional como alternativa al libre comercio respaldado por EE.UU. El experimento fracasó por razones estructurales que contienen lecciones más allá de Venezuela: el gobierno nunca construyó capacidad institucional para gestionar los ingresos de manera transparente, nunca diversificó a pesar de tener décadas y cientos de miles de millones para hacerlo, y nunca creó mecanismos democráticos lo suficientemente robustos como para corregir el rumbo cuando el liderazgo tomaba decisiones catastróficas. El colapso de la producción ha dejado estos programas en gran medida inoperantes.^[14]

Un estimado de 2,9 millones de venezolanos han adoptado las criptomonedas, con el país ubicado en el noveno lugar mundial en adopción ajustada por población. Las stablecoins (particularmente Tether) representan aproximadamente el 90% de las transacciones, funcionando como una economía paralela en dólares después de que el bolívar perdió más del 70% de su valor solo en 2025. La propia criptomoneda estatal del gobierno (el Petro) fracasó por completo. Los venezolanos adoptaron cualquier medio de intercambio funcional que estuviera disponible, eludiendo tanto la moneda nacional fallida como el intento del Estado de controlar la alternativa digital.

Contexto legal y constitucional

La Constitución de 1999 consagra la salud gratuita, la educación gratuita, los derechos sociales y económicos, el derecho a una vivienda “adecuada, segura y cómoda,” y el concepto de democracia participativa a través de los consejos comunales. También fortaleció el poder presidencial, incorporó explícitamente a los militares en la gobernanza civil, y avaló retrospectivamente el golpe de 1992 de Chávez a través de un “derecho a la rebelión” constitucional. La distancia entre estos compromisos y la realidad vivida de Venezuela — 96% de pobreza, alimentos usados como control político, una economía controlada por los militares, 7,9 millones de refugiados — representa una de las brechas más marcadas entre la promesa constitucional y la realidad estructural en el hemisferio occidental.

Venezuela contiene una paradoja: enormes recursos físicos, considerable riqueza mineral, tierra cultivable y una gran diáspora educada, combinados con instituciones devastadas. La infraestructura de los consejos comunales, a pesar de toda su captura política, representa una red de experiencia en gobernanza local. El liderazgo de las mujeres a nivel de base representa una capacidad organizativa que ha sobrevivido a la crisis. Pero la reconstrucción no puede avanzar sin una transición política, que permanece bloqueada por un complejo militar-económico que se beneficia del statu quo.